Desde su creación, el cargo de Defensor de Niños y Adolescentes está vacante

Esta figura se creó con la sanción de la ley 26.061 en 2005. Conocé porque su elección está postergada desde hace 11 años .

01 Ene 2017
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Foto ilustrativa

Comenzó el 2017 y se cumplen 11 años desde que el cargo del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes, creado en 2005 mediante la sanción de la Ley nacional 26.061, sigue vacante. Esto significa que los menores de 18 años no tienen quien los represente y defienda sus derechos en un país donde “uno de cada cinco niños padece problemas de nutrición” - según un informe de la Universidad Católica Argentina difundido este año- y en una provincia como Salta donde en 2016 murieron cuatros niños wichí como consecuencia de un cuadro de deshidratación aguda.

Para asegurar el cumplimiento de la normativa, diez organizaciones de la sociedad civil se juntaron para impulsar la campaña nacional de concientización “Infancia en deuda”, que de cara al 2017 renovó el reclamo al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a que nombre a los cinco senadores que faltan para conformar la comisión bicameral encargada de elegir al Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes.

La comisión bicameral debe estar integrada por cinco diputados y cinco senadores, con representación proporcional de las fuerzas políticas. Una vez conformado, el comité deberá armar una terna de candidatos y, a través de un concurso público de antecedentes y oposición, elegir a esta figura clave para asegurar el resguardo y protección jurídica a los menores de 18 años.

En la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición ya nombraron a los integrantes de la comisión. Ellos son Carla Carrizo (UCR), Samanta Acerenza (Pro), Mayra Mendoza (FPV), Verónica Mercado (FPV) y Florencia Peñaloza Marianetti (Compromiso San Juan). En el Senado sólo la oposición preseleccionó a sus miembros, faltan los legisladores representantes del oficialismo.

“La actividad en las cámaras terminó los primeros días de diciembre. En ese período se armó una agenda de sesiones extraordinarias para diciembre y no se incluyó el tema de la designación de senadores para la comisión. Tampoco sucederá en las sesiones de febrero y seguramente pasará para las sesiones ordinarias de marzo. Sería bueno que el tema se resuelva en los primeros meses de 2017 y en el primer semestre del año se define la terna”, expresó Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social del CIPPEC y miembro de “Infancia en deuda”.


Según el artículo 54 de la ley, el Poder Ejecutivo nacional “destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Sin embargo, la Defensoría del niño no fue incluida en ningún ejercicio desde que fue sancionada la ley y tampoco existe ninguna partida individualizada en el Presupuesto 2017.

Según Gala, el motivo por el cual la creación de la comisión bicameral quedó postergada durante 11 años fue “la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo”. “No hubo acción de parte del Gobierno anterior y del actual, tampoco ninguna oposición tuvo la intención de impulsar este tema relevante dentro del Ejecutivo”.

Por otra parte, la especialista en temas de niñez, juventudes y género reclamó que la elección de la figura del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se debería haber creado dentro de los 90 días posteriores a la sanción de ley, “es urgente porque los menores de edad son los más vulnerables”. También destacó que “la tasa nacional de pobreza infantil alcanza el 47.7% y esto pasa porque no tienen una voz que los escuche y represente”.

Sobre los requisitos que debe cumplir la persona que asuma la Defensoría, Díaz Langou explicó que “tiene que ser idónea en temas de la infancia, también experiencia técnica y cumplir un rol político para articular acciones con el Poder Ejecutivo y Judicial”. “El rol del Defensor no solo es velar por los derechos de los niños cuando ya están vulnerados sino promocionar esos derechos y protegerlos. Eso implica que debe existir un apoyo la crianza de la familia, también acceso a los servicios sociales básicos y un financiamiento a las políticas de derechos de los niños”.

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